- México enfrenta un caso por la detención arbitraria e ilegal de tres personas en 2006 y el proceso penal injusto al que fueron sometidas.
- El caso muestra el abuso de la prisión preventiva y del arraigo como herramienta de represión del Estado.
- La Corte Interamericana podría ordenar una modificación de la constitución y de las leyes para derogar el arraigo y la prisión preventiva oficiosa.
“México tendrá que rendir cuentas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el caso Tzompaxtle Tecpile y otros, en un proceso internacional que podría culminar con una orden para modificar la constitución y las leyes a efecto de evitar más detenciones arbitrarias”, declaró hoy María Magdalena López Paulino, secretaria ejecutiva de la Red Solidaria Década contra la Impunidad AC, organización representante de las víctimas.
El caso Tzompaxtle Tecpile y otros trata de la detención arbitraria e ilegal de los indígenas nahuas de Astacinga, Veracruz, Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y la de Gustavo Robles López, ejecutada por agentes de la policía federal en el Estado de Veracruz en enero de 2006. Después de su detención, las víctimas estuvieron sujetas a un procedimiento judicial que violó las garantías de un juicio justo, entre otras situaciones, porque las víctimas fueron retenidas y requisadas sin orden judicial y sin que existiera flagrancia, no fueron informadas sobre las razones de su detención, no fueron llevadas sin demora ante una autoridad judicial, y posteriormente fueron sujetas a arraigo y a prisión preventiva oficiosa. Desde su detención y hasta que terminó el arraigo que les fue impuesto, se recabaron ilegalmente y se fabricaron pruebas que se utilizarían en contra de las víctimas en un juicio penal.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha convocado a México y a las víctimas a una audiencia pública el 23 de junio de 2022, en su sede en San José, Costa Rica. Testigos y peritos, así como las representaciones legales de ambas partes hablarán ante el tribunal para que la Corte pueda determinar los hechos y sus consecuencias jurídicas. Se espera que la sentencia sea emitida este mismo año.
“Es la primera vez que los temas del arraigo y la prisión preventiva en México serán conocidos por la Corte Interamericana, esto es un hecho de la mayor importancia porque la sentencia podría ordenar al Estado mexicano eliminar arraigo y prisión preventiva oficiosa de la constitución”, afirmó López Paulino.
El caso llega a la Corte IDH, después de 15 años de que la Red Solidaria Década Contra la Impunidad presentó una petición inicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión, con sede en Washington, DC, admitió la queja y el 7 de diciembre de 2018 emitió un informe de fondo haciendo diversas recomendaciones al Estado mexicano. Después de nueve prórrogas otorgadas a México y al no haber avances sustantivos en el cumplimiento de sus recomendaciones, el 1 de mayo de 2021 la Comisión decidió someter el caso a la Corte Interamericana.
“Las víctimas esperan que este caso sirva para mostrar las arbitrariedades del proceso penal mexicano, en que miles de personas son sujetas a prisión y otras formas de privación de libertad antes de que hayan sido juzgadas y condenadas. Es necesario un cambio profundo de esta dinámica para garantizar la dignidad de todas las personas que tienen contacto con el sistema de justicia penal”, concluyó López Paulino.
Información adicional
La Corte Interamericana de Derechos Humanos es el tribunal regional de más alta jerarquía en las Américas, es un órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos encargado de interpretar y aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. México reconoció la jurisdicción del tribunal el 16 de diciembre de 2006.
El arraigo penal es una figura procesal por la que un juez o jueza penal ordenan la detención de una persona hasta por 90 días sin que haya prueba de su participación en hechos ilícitos, con la finalidad de que, durante ese tiempo, sea investigada por las autoridades.
La prisión preventiva oficiosa es una figura procesal penal por la que una persona es enviada automáticamente a prisión antes de ser condenada, solamente porque el delito del que se le acuse esté en una lista predeterminada de delitos graves, sin que el juez pueda analizar si la prisión preventiva es proporcional en el caso particular.
Las víctimas en este caso han sido acompañadas por la Red Solidaria Década contra la Impunidad, A.C., desde su detención en 2006, organización que las ha representado en todo el proceso interamericano y, partir de agosto de 2021, en conjunto con Sandra Salcedo González y Carlos Karim Zazueta Vargas
