● La militarización se consolida como una política de Estado: el 8 de septiembre de 2022, el Senado
de la República aprobó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asuma la operación y
administración de la Guardia Nacional (GN). El Decreto de reformas fue publicado tan solo un día
después en el Diario Oficial de la Federación.
● Aunque desde su creación la GN ha estado formalmente bajo el mando de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana, en los hechos ha sido una extensión material y operativa de las
fuerzas armadas (FF.AA.). La mayoría de los integrantes de la GN mantienen plaza y sueldo en la
Sedena o la Secretaría de Marina (Semar), pero se incorporan “de préstamo” a la GN y únicamente
el 29% cuenta con el Certificado Único Policial (CUP).
● Adicionalmente, en los últimos tres años y medio, las FF.AA. han tomado el control operativo y
directivo de más de 20 funciones —incluyendo de áreas estratégicas— ajenas a las de naturaleza
castrense; por ejemplo, construcción de infraestructura civil, administración de aduanas marítimas
y participación en la operación de programas sociales.
● Paralelamente a su expansión, se les han otorgado mayores recursos públicos: desde 2007 a 2022,
el presupuesto asignado a las FF.AA. incrementó 60.5% en términos reales. En el último año,
recibieron 142 mil mdp. En consecuencia, tanto su poder fáctico (en la administración pública)
como económico han aumentado significativamente.
● A la par del aumento de funciones y de responsabilidades de las FF.AA, la violencia y la incidencia
en algunos delitos ha crecido también; pese a que se ha visto una leve disminución en los
homicidios, de 2018 a 2021, la tasa por cada 100,000 habitantes de extorsión aumentó 32.6%, de
narcomenudeo 36. 5% y feminicidio, 7.4%.
● No obstante que las FF.AA. cuentan con altos niveles de confianza y legitimidad entre los
mexicanos, también son las autoridades que más quejas por violaciones a derechos humanos
acumulan. Además, se caracterizan por su opacidad: más allá del número de solicitudes de
transparencia que responden de manera negativa por motivos de confidencialidad, no informan
sobre asuntos fundamentales para conocer su operación y evaluar su desempeño, tales como sus
políticas y programas, su despliegue territorial o los eventos relacionados con presuntas
violaciones a derechos humanos.
