“Yo no creo que haya en América Latina ningún caso de sistema de dictadura que haya reclutado tan eficientemente al medio intelectual, sobornándole de una manera muy sutil”.
Mario Vargas llosa, Coloquio Siglo: XX la experiencia de la libertad
México, 1990.
En la discusión pública de la conquista de la seguridad en el país y la erradicación de la violencia, los argumentos están empañados por intereses políticos; a esto debemos sumarle que llevamos un largo periodo de rezago en la construcción de las ideas y la libertad de pensamiento, restringido unas veces por las limitaciones propias de un régimen autoritario, como el que acabamos de superar en 2018; otras, por la insolvencia, pues desde 1950, en El laberinto de la soledad, Octavio Paz había sentenciado que en México no había una verdadera critica… Y seguimos igual.
Tenemos una tradición de intelectuales forzados, es decir elevados a tal rango, como la “materia gris” de la sociedad, por el poder autoritario, pues es bien sabido que la clase de los intelectuales son parte de la superestructura que detenta el poder del Estado, cuando menos en el México de los últimos 70 años. Tan hechos estamos a este esquema que nunca nos habíamos preguntado: ¿de qué tamaño son nuestros “intelectuales”?
No resulta extraño que la gran mayoría de “pensadores” del antiguo régimen se aboquen a apuntar todo su poder en defender al anterior sistema de ideas, pues significaba, además de privilegios —como apoyos para publicaciones, premios, galardones y en algunos casos hasta el pago de las escuelas de sus hijos—, mantener el estatus de “intelectuales”, que les garantizaba su asentamiento, por generaciones, en las esferas del poder.
Y esta reacción instintiva, de supervivencia, carente de argumentación y, sobre todo, de todo rasgo de intelectualidad y de espíritu propositivo para participar en un cambio de rumbo en el país, salió a flote en la discusión de la “militarización”.
Se critica el traspaso del mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional hacia la Secretaría de la Defensa Nacional para hacer más efectivo el combate al delito y al crimen, a lo cual le han llamado “militarización”, confundiendo los diversos matices: no es militarización, si se estudia la experiencia de los gobiernos de Sudamérica como Argentina, Brasil, Chile que durante la Guerra Fría operaron y aterrorizaron a las poblaciones civiles de aquellos países, imponiendo una militarización del Estado, es decir un mando militar que suplanta o elimina al poder Ejecutivo y ocupa la conducción del gobierno.
Sobra decir que la experiencia latinoamericana fracasó estrepitosamente, y los mandos militaristas terminaron “gobernando” con “toques de queda”, matanzas indiscriminadas, desapariciones y persecución política, entre otros excesos, ya ampliamente condenados por México y el mundo entero.
Así, se equivocan al calificar de “militarización” al diseño de una estrategia de Estado, mediante la cual el Ejército asume el control operativo y administrativo, pero no toma las decisiones, ya que en ningún momento se sustituye al poder Ejecutivo, ni estatal ni federal. Se trata de que las fuerzas castrenses participen en una estrategia global de seguridad de un gobierno civil, para superar las carencias que pudiera sufrir el país en un territorio dado.
En México, luego de 3 décadas de un Estado corrupto, lo que tenemos es un endeble corpus de organismos, por una parte, infiltrados por el crimen y, por otra, infestados por la corrupción: para nadie es desconocido ya que la Policía Federal Preventiva en el Gobierno de Felipe Calderón, por la mañana eran policías y por la noche eran secuestradores, al mando de Genaro García Luna, un mando civil que hoy está preso en Estados Unidos, acusado de complicidad con el narcotráfico.
Resulta incontrovertible para el ojo más o menos común —ya no digamos para el ojo de un “experto”— la imposibilidad de realizar tareas correspondientes a la seguridad nacional, por parte de una fuerza civil: a nadie se le ha ocurrido pensar que el Ejército pudiera asumir, de un día para otro, las tareas de la Bolsa Mexicana de Valores, por ejemplo.
De igual forma, sería inútil encomendar a funcionarios de la Bolsa, las tareas de seguridad nacional, y mucho menos si se piensa en la capacidad de fuego alcanzada por los grupos criminales, los que gracias a la operación “Rápido y Furioso” tienen en su poder cañones barrets y misiles antiaéreos que están dispuestos a usar —lo han dicho— contra la población civil, cuando se vean amenazados… por el Ejército y por la Guardia Nacional.
Es una falacia que la Guardia Nacional tenga o tendrá un mando militar o, cuando menos, es una verdad a medias, ya que tanto el Ejército como la Guardia Nacional, las policías locales y federales obedecen por un precepto constitucional a un mando civil, que es el poder Ejecutivo.
En el ya célebre coloquio de “intelectuales”, El siglo XX: la experiencia de la libertad, Mario Vargas Llosa fue “invitado a dejar el país” por poner a prueba la democracia y decir que México había vivido en una “dictadura perfecta”, la del PRI.
Octavio Paz, organizador del encuentro, enardecido, contestó que de ninguna manera se podría aceptar que México hubiera vivido —nunca— bajo una dictadura militar, y tenia razón: nunca en México, ni en los trágicos acontecimientos de 1968, ni en los de 1971, ni en Ayotzinapa, los mandos militares, ni paramilitares, tomaron la decisión de matar, en todos los casos recibieron órdenes de sus respectivos mandos civiles.
Por tanto, no cabe, desde ningún punto de vista —más que el dolo, la mala fe, o la ignorancia— llamar “militarización” al uso constitucional y legal de las fuerzas constitucionalmente avaladas para las labores que el país considere pertinentes, en este caso para lograr la seguridad, la justicia y la erradicación de la violencia.
A ello no debiera oponerse, ya no digamos ningún “pensador”, sino ningún ciudadano sabedor de los alcances constitucionales e institucionales de su país… salvo los delincuentes —los que empuñan las armas y los de cuellos blancos— que verán reducido su campo de acción, y su poder corruptor y meta-constitucional, ésos sí deberán oponerse a la “militarización” y para ello usarán todo su poder político y mediático, que lo tienen.
Huelgan los detalles.
